El Congreso del Estado de Aguascalientes deberá acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la regulación del aborto, a raíz de las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Estas acciones impugnan la reforma que el Congreso local aprobó en septiembre de 2023, reduciendo el plazo para la interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas, una decisión que ha generado un intenso debate tanto a nivel estatal como nacional. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Nancy Gutiérrez, aseguró que, aunque la bancada panista intentó responder a una demanda ciudadana en este tema, deberán acatar lo que determine la Corte.
Respetar la resolución de la Corte
“Respetamos las instituciones y somos conscientes de que debemos representar la voz de la ciudadanía. Si la Corte emite otra sentencia, la acataremos, aunque sabemos que el proceso será largo y podría tocarnos a esta legislatura o a la siguiente”, indicó Gutiérrez, quien reconoció que la modificación a la ley fue un tema “complejo y desgastante” para los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN). Este comentario refleja el desafío que enfrentó el Congreso al modificar la ley en un tema tan sensible como el aborto, que sigue siendo uno de los asuntos más polarizantes en la política y sociedad mexicanas.
A pesar de las críticas y el rechazo que generó la reforma entre diferentes grupos de la sociedad civil, Gutiérrez insistió en que la bancada panista estaba respondiendo a una petición directa de los ciudadanos. "Durante mi campaña, la gente me pedía que volviéramos a tratar el tema del aborto, ya que existe una preocupación generalizada sobre este asunto en Aguascalientes, y no queríamos dejarlo de lado", mencionó la legisladora. Según ella, la reducción del plazo para la interrupción del embarazo fue impulsada por la necesidad de evitar que los abortos siguieran creciendo, ya que, según sus palabras, la preocupación de la sociedad era que el número de interrupciones legales se incrementara sin control.
El impacto de la reforma en Aguascalientes y las cifras sobre aborto
El tema del aborto es un asunto crítico en Aguascalientes, un estado con una alta tasa de embarazo adolescente y una prevalencia significativa de embarazos no deseados. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, Aguascalientes reportó una tasa de natalidad adolescente de 16.7 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, una cifra superior al promedio nacional de 14.2. Esta tasa se ha mantenido estable en los últimos años, lo que refleja la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluyendo métodos anticonceptivos.
En este contexto, la reducción del plazo para la interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas en Aguascalientes ha generado gran controversia, ya que muchos activistas y organizaciones de derechos humanos argumentan que esta medida limita el acceso de las mujeres a servicios seguros, ya que muchas mujeres no descubren su embarazo antes de las seis semanas. Esto, a su vez, podría obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, lo que aumenta los riesgos para su salud y bienestar. Según la Secretaría de Salud, aunque las cifras de aborto clandestino son difíciles de obtener con precisión, se estima que en México ocurren más de 200,000 abortos ilegales al año, y muchos de ellos se realizan en condiciones de riesgo.
Reacciones de la sociedad civil y el panorama judicial
El Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, encabezado por Mariana Ávila Montejano, ha denunciado que, a pesar de la reforma, el número de mujeres procesadas por aborto no ha aumentado, pero la modificación ha generado preocupación sobre el impacto que podría tener en el futuro. Ávila Montejano señaló que, actualmente, existen cuatro procesos judiciales en curso en contra de mujeres por aborto en el estado. Sin embargo, Nancy Gutiérrez aclaró que estos casos son históricos, provenientes de 2021, y que los imputados en esos procesos son hombres, no mujeres. "Son casos que vienen desde 2021, no son actuales. En Aguascalientes no hay mujeres imputadas por aborto doloso en este momento", puntualizó la legisladora.
El punto de conflicto radica en que, según diversos estudios, el acceso restringido al aborto en el estado no ha resuelto el problema de fondo, que es la falta de educación sexual integral, el acceso limitado a métodos anticonceptivos y la persistencia de tabúes culturales y religiosos en torno a la salud reproductiva. Aunque Aguascalientes no está entre los estados con mayor tasa de aborto, las leyes restrictivas pueden incentivar la realización de procedimientos ilegales en condiciones de riesgo, lo cual pone en peligro la vida y la salud de las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
El futuro del aborto en Aguascalientes y en México
El fallo de la Suprema Corte de Justicia será crucial no solo para Aguascalientes, sino también para el resto de los estados que han adoptado legislaciones restrictivas sobre el aborto. En 2021, la SCJN emitió una sentencia histórica que despenalizó el aborto en todo el país al declarar inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal de Coahuila, lo que abrió la puerta para que otros estados siguieran el ejemplo. Sin embargo, aún persisten resistencias en entidades como Aguascalientes, donde se han presentado leyes que buscan limitar el acceso a la interrupción legal del embarazo, en contraposición a los principios establecidos por la Corte.
La resolución de la SCJN sobre la reforma en Aguascalientes podría establecer un precedente importante sobre la libertad reproductiva y los derechos de las mujeres, no solo en este estado, sino en toda la nación. En un país donde, según datos de la CNDH, alrededor de 60% de las mujeres en edad fértil no tienen acceso adecuado a anticonceptivos, y donde cada año miles de mujeres mueren por abortos clandestinos, el desafío sigue siendo garantizar el acceso a servicios de salud seguros, legales y accesibles para todas.
El caso de Aguascalientes es solo uno de muchos que reflejan las tensiones entre las demandas sociales y las políticas públicas sobre el aborto en México. La resolución de la Corte será un testimonio de cómo las instituciones mexicanas abordan los derechos reproductivos en un contexto de creciente activismo social y reforma legislativa.
Añadir comentario
Comentarios